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El modelo territorial

Autonomías, concierto vasco, financiación, amnistía e independencia: por qué el reparto del poder y del dinero entre territorios divide tanto.

8 minutos de lectura · 5 preguntas al final · Revisado el 19 de octubre de 2026

Tu centro de salud, tu colegio y los servicios sociales de tu barrio los gestiona tu comunidad autónoma, no el Gobierno de Madrid. Cuánto dinero recibe cada una, y cuánto poder tiene, es una pelea permanente que en esta legislatura ha decidido quién gobernaba.

Dos peleas en una: dinero y poder

Las comunidades autónomas son las 17 regiones con gobierno y parlamento propios. Para pagar hospitales y colegios necesitan dinero, y casi todas creen que reciben menos del que les toca.

A eso se suma que en Cataluña y el País Vasco hay partidos fuertes que quieren más autogobierno, o directamente la independencia.

Son dos debates mezclados. Uno va de dinero: quién paga y quién recibe. Otro va de poder: quién decide y si un territorio puede irse. Sepáralos y entenderás mucho mejor qué propone cada partido.

Dos maneras de financiar una comunidad

País Vasco y Navarra tienen un sistema propio, por razones históricas y reconocido en la Constitución: el concierto económico (en Navarra, convenio). Recaudan casi todos los impuestos y pagan al Estado una cantidad pactada, el cupo, por los servicios comunes, como la defensa o las embajadas. En la práctica, tienen bastante más dinero por habitante que la media.

Las otras 15 comunidades van por el régimen común: el Estado recauda, se queda una parte y reparte el resto.

Las comunidades más ricas (Madrid, Cataluña, Baleares) aportan más de lo que reciben. Así, un hospital en Extremadura puede tener una financiación parecida a uno en Madrid. Eso se llama solidaridad interterritorial.

Piensa en un grupo de amigos que pone dinero en un bote común según lo que gana cada uno, y luego lo reparte para que todos puedan ir de viaje. El que más gana pone más. La discusión empieza cuando el que más puso acaba con menos dinero para el viaje que alguien que puso menos.

Esa es la queja de Cataluña: sostiene que, tras el reparto, acaba con menos recursos por habitante que comunidades más pobres. Pide la ordinalidad, es decir, conservar después del reparto su puesto en el ranking de riqueza.

Valencia, Murcia o Andalucía denuncian a su vez que están infrafinanciadas, aunque son de las menos ricas.

Lo que se pactó con ERC (y se quedó en el aire)

El Gobierno del PSOE necesitaba los votos de ERC (Esquerra Republicana de Catalunya) y pactó con ella dos medidas:

  1. Condonación de deuda. «Condonar» es perdonar una deuda: quien la debía deja de pagarla y pasa a la cuenta del Estado. El Estado asumiría 83.252 millones que le deben las comunidades, de los que 17.104 millones son de Cataluña (Hacienda, proyecto de ley, diciembre de 2025).
  2. Nuevo modelo de financiación. 20.975 millones más para las comunidades, que se quedarían con el 55 % del IRPF y el 56,5 % del IVA recaudados en su territorio. En el Consejo de Política Fiscal y Financiera solo lo apoyaron Cataluña y Canarias. Votaron en contra las comunidades del PP y dos del PSOE, Castilla-La Mancha y Asturias, y Madrid no acudió (RTVC, 4 de septiembre de 2026).

La amnistía: borrar un delito a cambio de una investidura

En 2017, el Gobierno catalán organizó un referéndum de independencia prohibido por los tribunales, y el Parlamento catalán declaró la independencia.

Una amnistía es una ley que borra delitos ya cometidos, como si no hubieran ocurrido. Un indulto, en cambio, perdona la pena pero mantiene que hubo delito. En 2024 se aprobó la amnistía para los implicados en el procés, a cambio de los votos de Junts para investir a Sánchez.

Más autogobierno o más igualdad: las dos lógicas

Simplificando mucho, hay dos grandes lógicas:

  • Quien defiende dar más autogobierno o más recursos a Cataluña sostiene que así seguirá bajando el independentismo, y que es justo que quien más aporta no acabe peor que quien menos. Su mejor argumento: un país diverso funciona mejor si cada territorio se siente cómodo dentro.
  • Quien se opone sostiene que se negocia con quien amenaza con irse, que se premia a quien tiene votos decisivos en Madrid y que se rompe la igualdad entre españoles según dónde vivan. Su mejor argumento: los derechos y servicios de un ciudadano no deberían depender de si su comunidad tiene un partido bisagra en el Congreso.

Qué se puede cambiar sin tocar la Constitución

Recentralizar competencias o permitir un referéndum de independencia exige, en la práctica, reformar la Constitución. Eso pide tres quintos o dos tercios de las Cortes y, en algunos casos, un referéndum en toda España. Ningún bloque tiene hoy esas mayorías.

Ilegalizar partidos por defender la independencia tampoco cabe en la ley actual. El Tribunal Constitucional solo ha admitido ilegalizar a partidos que apoyaban la violencia, como Batasuna en 2003.

Lo que sí puede hacer un Gobierno con mayoría simple es cambiar el modelo de financiación, condonar deuda o negociar traspasos de competencias.

Qué propone cada partido

De más centralización a menos:

PartidoPosición
VoxDevolver sanidad, educación, policía y justicia al Estado; ilegalizar los partidos independentistas
PP (y UPN, que va con él)Negociar la financiación con todas las comunidades a la vez; nada de tratos bilaterales con Cataluña; revertir la amnistía
PSOEEl nuevo modelo pactado con ERC, con más impuestos cedidos a todas; mantener la amnistía
Coalición CanariaMás competencias para Canarias y que el Estado pague lo que le debe; no independentista
PNVCompletar los traspasos pendientes al País Vasco y defender el concierto
Frente AmplioEstado federal y plurinacional; que los catalanes voten el acuerdo al que se llegue
Podemos y BNGDerecho a decidir: que cada territorio pueda votar si sigue en España
ERC y EH BilduIndependencia como objetivo final, por vía pactada con el Estado
JuntsQue Cataluña recaude todos sus impuestos, como el País Vasco; independencia sin descartar la vía unilateral

La diferencia entre ERC y Junts importa. La vía pactada consiste en llegar a un acuerdo con el Estado para votar; la vía unilateral, en hacerlo sin ese acuerdo, como en 2017.

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